martes, 15 de marzo de 2016

CURAS PEDERASTAS

Al terminar Spotlight (“En primera plana”, ganadora del Oscar a la mejor película) aparece un extenso listado de lugares en el mundo donde miembros de la Iglesia cometieron abusos sexuales. Argentina aparece siete veces, por casos de Buenos Aires, Morón, Pilar, Berazategui, Quilmes, Paraná y Salta. Pero la realidad excede por mucho ese puñado de causas. Son varios los curas con condena firme y efectiva. Pero muchos más son los denunciados que llevan años esquivando a la Justicia. Sólo la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en Argentina batalla con once casos que involucran a montones de víctimas. Y según BishopAccountability.org, una organización internacional que documenta casos de abusos de la Iglesia, en Argentina son 43 los clérigos denunciados sólo en los últimos 20 años.

El informe de la Red de Sobrevivientes fue presentado el año pasado en la reunión de SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), la organización no gubernamental que sale en Spotlight. “El flagelo de los abusos sexuales del clero católico también se presenta en Argentina. El accionar institucional de la Iglesia católica sigue siendo el ocultamiento, la denegación de justicia y el abuso de poder”, dicen desde la Red.

El abuso sexual por parte de curas siempre existió, pero sus propias características, que implican manipulación y sometimiento, facilitaron que el delito quedara impune, atragantado en los cuerpos violados de las víctimas. Pero desde hace unos pocos años las cosas han empezado a cambiar. La condena a 15 años de prisión efectiva para el cura Julio César Grassi animó a muchas víctimas a contar su drama silenciado. Ese mismo año (2009) comenzó una verdadera catarata de denuncias a nivel mundial, fundamentalmente en Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Alemania, Holanda, Austria, el Reino Unido.  

Todos estos lugares aparecen al final de Spotlight. Grassi es uno de los casos argentinos (Morón). Otro es de Paraná, donde el año pasado, el sacerdote Justo José Ilarraz fue procesado por corrupción agravada de menores, en el marco de una investigación por más de 50 abusos denunciados por ex estudiantes del Seminario Menor de Paraná. Los abusos ocurrieron entre 1985 y 1993. Ilarraz fue procesado 30 años después y sigue en libertad.

Berazategui aparece por el cura Rubén Pardo, que en 2002 violó a un chico de 15 años en la Casa de Formación de la Iglesia Católica. En 2013 el Obispado de Quilmes tuvo que indemnizar al joven y a su madre. Pardo murió de sida en 2005. Otro caso de Quilmes es el del sacerdote Héctor Pared, condenado a 24 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores calificada. Pared –responsable de “Hermano Francisco”, un hogar para chicos de la calle– abusó sexualmente de seis nenes, todos muy pobres, además les pegaba. El cura Napoleón Sasso fue condenado en 2007 a 17 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco nenas, entre 2002 y 2003, cuando era párroco de la capilla San Manuel en el barrio La Lonja, de Pilar.

Sebastián Quattromo estaba de viaje de egresados cuando Fernando Enrique Picciochi, de la Congregación de Hermanos Marianistas, se metía en su cama y abusaba de él. Y siguió haciéndolo durante el primer año del secundario, en el colegio Marianista de Caballito. Sebastián pudo contarlo diez años después, cuanto tenía 23. Picciochi se escapó a Estados Unidos, lo extraditaron y en 2012 fue condenado a 12 años de prisión por “corrupción de menores calificada, reiterada”. Está libre. “Le aplicaron el beneficio del dos por uno, que ya no existe pero sí estaba vigente al momento de los hechos”. “De todas maneras, en lo concreto y en lo simbólico, es muy reparador que la Justicia lo haya condenado”. Sebastián milita en la ONG por “Adultos por los derechos de la infancia” junto a cientos de sobrevivientes de abusos.

Julieta Añazco aún no logró esa reparación. Fue abusada por el cura Héctor Giménez en los campamentos de verano a los que fue cuando tenía 10, 11 y 12 años. Pudo denunciarlo 30 años después, en 2013, ante la Fiscalía N° 6 de La Plata. Ahí descubrió que tenía denuncias previas, de cinco mujeres abusadas cuando eran niñas, y tres varones también. Lo condenaron a ocho años, pero la Cámara de Apelaciones de La Plata lo excarceló por “dignidad eclesiástica”. Julieta está al frente de la Red de Sobrevivientes, donde estiman que Giménez habría abusado de unos cien niños. Lleva años sin suerte tratando que el Arzobispado de La Plata le diga en qué situación está su causa y qué fue de la vida de Giménez.

Carlos Lombardi, abogado especialista en derecho canónico, lleva adelante 11 de pedidos de informes de la Red en Mar del Plata, Corrientes, Santa Fe y La Plata: “Los abusos sexuales de miembros de la Iglesia se plantean en tres escenarios: penal, civil y canónico, en el que las víctimas piden explicaciones sobre las denuncias a los obispos -explica-. Pero el comportamiento de la Iglesia es delictivo por su total encubrimiento. Su modus operandi es el secretismo, el abuso de poder y la denegación de Justicia”.

La Cámara de Senadores votó en octubre del año pasado una reforma al Código Penal para que la prescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de personas menores de edad comience con la presentación de la denuncia. También incluye al delito de trata de personas y prevé la inhabilitación especial perpetua cuando el autor se hubiese valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para cometer el hecho. Es una modificación a la llamada “Ley Piazza”, que computaba el plazo a partir de que la víctima llegaba a la mayoría de edad. Así, se contempla no sólo el daño de esos delitos, sino también las dificultades y el tiempo que les lleva a las víctimas contar lo ocurrido, lo que se llama “Revelación Tardía”.

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