miércoles, 5 de abril de 2017

LA IGLESIA ARGENTINA DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR – Tercera Parte

En 1974, la designación de PÍO LAGHI como nuncio apostólico en reemplazo de su antecesor, MONSEÑOR ZANINI, constituyó un elemento importante en esta dirección: durante su gestión en esa nunciatura, entre 1974 y 1980, tuvieron lugar en el país 26 nuevas ordenaciones episcopales. La estrategia adoptada por el Vaticano permitió en definitiva, colocar a la Iglesia argentina en el “HORIZONTE DEL CONCILIO”, superando, al mismo tiempo, el anacronismo de los SECTORES PRECONCILIARES y los “ABUSOS INTERPRETATIVOS” de los grupos católicos más radicalizados. Ambos fenómenos estaban, en el análisis de los círculos renovadores, estrechamente vinculados entre sí: era precisamente el atrincheramiento de los sectores tradicionalistas en la defensa de un modelo de IGLESIA PRECONCILIAR y su oposición a cualquier intento de introducir reformas en el mismo, lo que favorecía la radicalización de los católicos. Una lógica similar operaba en otros terrenos, como el de la pastoral social, donde los sectores identificados con la renovación conciliar vinculaban el crecimiento de las ideologías de izquierda entre los trabajadores con el vacío dejado allí por la Iglesia católica.

Es en los sectores renovadores, aunque también entre elementos fuertemente conservadores, donde la crisis interna de la Iglesia llevó a plantearse la necesidad de recuperar la “cuestión social” vista tanto como clave para superar dicha crisis como para estructurar un nuevo proyecto hegemónico del catolicismo argentino. Las diferentes interpretaciones que cada obispo realizó de los documentos conciliares y de su nivel de compromiso con los mismos autorizan a introducir en el grupo de los renovadores una segunda distinción entre un sector moderado y uno “progresista”. Una ilustración de eso son las experiencias que MONSEÑOR ANGELELLI, MONSEÑOR DEVOTO y MONSEÑOR DE NEVARES llevaron adelante en sus diócesis para aplicar los puntos avanzados de la renovación conciliar en pastoral popular y en la participación de sacerdotes y laicos. Sin embargo, experiencias de este tipo fueron excepcionales dentro de la Iglesia argentina y comenzaron a ser objeto de una fuerte persecución a partir de 1974. Estas líneas dentro de la jerarquía episcopal estaban fundadas en distintas maneras de concebir el lugar de la Iglesia en el mundo y sus vínculos con la sociedad.

Reverberan en la adhesión o las reservas que los obispos manifestaron frente al régimen militar que tomó el poder en 1976. Éste encontró entre los tradicionalistas a sus defensores más entusiastas y entre los renovadores a sus opositores más decididos. En general se puede decir que la corriente mayoritaria, compuesta por los obispos conservadores brindó su adhesión al régimen militar. Sin embargo, como veremos, la relación que entabló con las Fuerzas Armadas a lo largo del período 1976-1983 no estuvo exenta de complejidades y matices. Para comprender la posición de la Iglesia durante los primeros años del Proceso debemos tener en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la crisis que estaba ocurriendo en su interior. La mayoría de los obispos argentinos concordaban en considerar como responsables de esa situación a algunos sacerdotes y grupos laicales por la interpretación demasiado radical que hacían de los documentos emanados del CONCILIO VATICANO II y de la CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE MEDELLÍN. La jerarquía también coincidía en su voluntad de disciplinar a aquellos sacerdotes y laicos que estaban poniendo en peligro la unidad institucional.

Dos documentos episcopales elaborados pocos días antes del golpe ponían en evidencia la preocupación anticipada de las cúpulas de la Iglesia por restituir la ortodoxia doctrinaria y limitar las innovaciones litúrgicas y pastorales: uno de ellos consistía en una advertencia sobre el debido uso de la vestimenta y los hábitos eclesiásticos. El segundo denunciaba lo que consideraba “desviaciones” que se estaban produciendo en el culto a los santos, como por ejemplo la veneración a la llamada DIFUNTA CORREA. El acalorado debate que dividió al episcopado católico en torno de la llamada “BIBLIA LATINOAMERICANA” durante la segunda mitad de 1976 debe ser interpretado como parte de la misma reacción de su mayoría a favor de una ortodoxia doctrinaria para restaurar la unidad eclesial en detrimento de los sectores “progresistas”. La polémica se originó a raíz de una declaración del arzobispo de San Juan, quien repudió la aparición de una edición de la Biblia a cargo de una conocida editorial católica y ordenó que “en ningún establecimiento o asociación católica de la provincia se tenga en modo alguno el volumen señalado”, ya que en el mismo se hacía una “exaltación del marxismo”.

Pocos días después, MONSEÑOR TORTOLO firmó un comunicado que prohibía también la circulación de la Biblia latinoamericana en la diócesis de Paraná. Bastaba “una simple mirada” para que el pueblo fiel advirtiera “escandalizado, que no pocas láminas y explicaciones anexas son tendenciosas”, argumentaba el comunicado. El tema fue fuertemente publicitado por algunos medios de prensa vinculados al gobierno militar por poner de manifiesto las diferencias existentes dentro de la jerarquía católica. Más aun cuando se conoció la posición del obispo de Neuquén, MONSEÑOR JAIME DE NEVARES, quien recomendaba “calurosamente” la lectura de la Biblia en cuestión. Los alcances de la polémica llevaron a que la cuestión de la nueva Biblia estuviera presente en la agenda de la segunda ASAMBLEA PLENARIA DEL EPISCOPADO. Al término de ésta se dio a conocer un documento que intentaba unificar las diferentes posiciones: el episcopado consideró que la traducción era “sustancialmente fiel” y limitó sus objeciones a las introducciones, notas, e ilustraciones que acompañaban el texto, elementos que hacían necesaria una “revisión y complementación”.

La forma en que se saldó la discusión en torno de la Biblia latinoamericana confirma que el objetivo central de la jerarquía conservadora era asegurar la cohesión institucional de la Iglesia mediante una rígida supervisión de la ortodoxia doctrinaria. Para ello era necesario penalizar a aquellos sectores que habían hecho una interpretación “abusiva” en un sentido “temporalista” del magisterio de la Iglesia, al tiempo que se buscaba dejar paulatinamente de lado las posiciones del tradicionalismo más exacerbado. Para la jerarquía eclesiástica era evidente que la crisis interna que desgarraba al catolicismo argentino no podía desligarse de la que azotaba a la sociedad en su conjunto. Desde fines de la década de 1960 una conflictividad social agudizada había sido un terreno fértil para el crecimiento de aquellas ideologías de izquierda tan temidas por la Iglesia. No eran pocos los obispos que vinculaban el desarrollo de la “Iglesia del Pueblo” con la radicalización de la sociedad en su conjunto. El desafío a la hegemonía ideológica y cultural de la Iglesia se convertía en un problema central para su cúpula en momentos en que ésta veía disminuir día a día las vocaciones religiosas.

¿O no era acaso, como lo había anunciado el obispo conservador MONSEÑOR TORTOLO, el descentramiento de la religión de la vida nacional la causa principal de una crisis que alcanzaba niveles inéditos? Una posible explicación de la aceptación mayoritaria que suscitó la llegada de los militares al poder en el episcopado es que éste se sentía desafiado por la sociedad y amenazado en su seno. Ligados por múltiples lazos a la Iglesia católica desde hacía décadas, los militares aparecían como una barrera –lo que habían sido históricamente– frente a las opciones políticas e ideológicas de la “nueva izquierda”. Eso explica que, a mediados de la década de 1970, la mayoría de los obispos argentinos aprobaban una política represiva en tanto que podía contribuir al aislamiento de los sectores más radicalizados del campo católico. Además, las Fuerzas Armadas definían su identidad corporativa a partir de elementos entre los cuales el catolicismo era central. Eso inducía a pensar que bajo el régimen militar la Iglesia gozaría de una posición privilegiada desde la cual ejercer un papel que nunca delegó: el de guía espiritual de la sociedad. Todo eso hizo que una jerarquía católica a la defensiva brindara su apoyo, en términos generales, al gobierno militar.

EL FACTOR RELIGIOSO FUE IMPORTANTE DENTRO DE LA ESTRATEGIA QUE DESARROLLARON LAS FUERZAS ARMADAS PARA LEGITIMAR EL GOLPE DE ESTADO DEL 24 DE MARZO DE 1976. Desde la década de 1930 la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas compartían una misma manera de concebir la identidad nacional: privilegiaban ciertas pautas sociales y culturales “tradicionales”, entre las cuales el catolicismo ocupaba un lugar central. En este sentido, cuando, en 1976, los militares se presentaron como los defensores de una “argentinidad” que estaba siendo amenazada por la “subversión”, había que entender a ésta última como algo “complejo, profundo y global” que pretendía trastocar los “valores esenciales del ser nacional”, algo al servicio de “una concepción donde rigen los antivalores de la traición, la ruptura de los vínculos familiares, el crimen sacrílego, la crueldad y el engaño sistemático”. Era por ello que los primeros documentos militares hacían referencia a la necesidad de “restablecer los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino”.

Al considerar a la “subversión” como un fenómeno global, los militares podían ubicar en el campo enemigo a las corrientes “progresistas” del catolicismo, algunas de las cuales estaban efectivamente vinculadas a los grupos y organizaciones que protagonizaban la protesta social. Para las Fuerzas Armadas, la “Iglesia del Pueblo” constituía una faceta más de la “subversión”, considerada particularmente peligrosa porque su ámbito de actuación era justamente aquel que recurrentemente se invocaba como fuente de los “valores tradicionales del pueblo argentino”: el catolicismo y su Iglesia. En este sentido, la frustrada experiencia de la autodenominada “REVOLUCIÓN ARGENTINA”, entre 1966 y 1973, había demostrado a los militares que esos sectores eran perfectamente capaces de deslegitimar un régimen político que, como el Proceso ahora, pretendía fundar su legitimidad en la observancia de los valores fundamentales de la religión católica. Por otro lado, en un contexto autoritario en que habían sido suprimidos los canales tradicionales de la representación –los partidos políticos y los sindicatos–, la Iglesia católica aparecía como uno de los pocos actores con posibilidades concretas de influir en el curso de los acontecimientos. Eso hacía que los militares no fueran en absoluto indiferentes a los debates que atravesaban el campo católico y a las orientaciones que imponía su jerarquía.

Además, las características del plan represivo implementado por las Fuerzas Armadas, basado en el secuestro y la desaparición de personas, no permitían descartar que los primeros cuestionamientos al régimen proviniesen de las filas católicas, no sólo porque el magisterio de la Iglesia condenara esas prácticas en nombre del respeto a la vida humana, sino fundamentalmente por la presión social que no dejaría de ejercerse sobre la Iglesia. Y eso fue lo que ocurrió: la jerarquía católica se vio interpelada por el incesante desfile de los familiares de los desaparecidos por los templos de todo el país y la gran cantidad de cartas y mensajes que le llegaban exigiendo que denunciara públicamente lo que estaba ocurriendo. Era fundamental para los militares, pues, desarticular el accionar de aquellos sectores del campo católico que presionaban a la jerarquía. De lo contrario, es probable que en caso de tener lugar una declaración pública de la Iglesia condenando la violación de los derechos humanos, su efecto fuera el de aglutinar en torno de ella una oposición política fragmentada, mientras que en el plano externo, comprometería aún más la posición del régimen militar que se vio severamente cuestionado por diversos organismos internacionales a partir de 1977.

Hasta aquí hemos compartido la investigación realizada por MARTÍN OBREGÓN, Docente en Historia e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ha preparado una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sus investigaciones se centran en el papel de la Iglesia católica durante el Proceso argentino (1976-1983) y más generalmente las relaciones entre catolicismo, nacionalismo y derechos humanos en la Argentina.

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