PROGRAMA Nº 1162 | 13.03.2024

Primera Hora Segunda Hora

A LA HORA DE DECIDIR TENDRÍAMOS QUE SOPESAR ALGUNOS TEMAS

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El plan de extinción del soporte radioeléctrico que existe sobre las bandas de frecuencias de UHF, atribuidas a la radiodifusión de televisión abierta (de interés público), persigue la utópica idea de implementar en ellas servicios diferenciales “de otro tipo”, “de exclusivo interés privado” o “cautivos (indirectos)” de aquellos que las autoridades consideran como “Licenciatarios operadores”, un extraño “escalón superior” que contradice la igualdad ante la ley, garantizada por nuestra Constitución. Dicho plan responde al imparable avance tecnológico que ha sido capaz de subyugar hasta a los propios funcionarios que tienen la delicada tarea de colocar las cosas en su debido lugar, según “mérito, razón, oportunidad o conveniencia”, y todo ello, sin desmedro de los servicios ya existentes o de aquellos que pudieran existir en el futuro, de uno u otro tipo.

Ahora bien, desde hace tiempo existe un peligroso avance sobre las bandas que habían sido destinadas –a título primario (primero en orden e importancia)- para aquellos servicios declarados de “interés público” por todas las leyes antecesoras. A pesar de ello, las frecuencias de la citada Banda de UHF (canales 14 al 69), incluso desobedeciendo al, entonces vigente, Decreto 1151/84 que suspendía la asignación y adjudicación de las mismas, fueron entregadas a servicios de radiocomunicaciones de “otro tipo”: radio taxis, ambulancias, empresariales, y más adelante para sistemas de TV codificada, TDA, telecomunicaciones, y últimamente, hasta a medios extranjeros que ya se encuentran ocupando “nuestro aire” y operando sobre nuestra soberanía espectral, sin retorno posible; pero, nunca para cumplir con la finalidad a la que había sido destinada dicha banda, y desconociendo la previa existencia de infinidad de solicitudes de radiodifusores particulares argentinos con mejores derechos, para la instalación de los verdaderos servicios que debían ocuparla, las que sistemáticamente, fueron rechazadas durante años.

Sumando a la mencionada deuda que el Estado tiene respecto al destino de los servicios básicos (abiertos, directos y gratuitos al público en general), también centramos nuestra mirada sobre lo que podría llamarse un nuevo avasallamiento en perjuicio del interés público y a favor del interés privado, dado que, con la progresiva reducción de la banda de UHF, es una obviedad absoluta inferir que una inmensa cantidad de hogares quedará al margen de ese tipo de comunicación por no poder adecuar o cambiar sus comunes aparatos receptores, debido a los avatares de una economía que no manejan. Al respecto, resulta inevitable señalar que, lamentablemente, nuestro país no se encuentra hoy en las mejores condiciones como para efectuar, en el año 2019, el tan anunciado “apagón analógico”, con el fin de obligar, mediante la quita del servicio básico, la adopción del sistema de televisión digital. Es por demás evidente que muchísimos argentinos no podrán acceder a esa tecnología, con lo cual, quedarían marginados de la formación, de la información, de la cultura y del entretenimiento, cosa, que a todas luces va en sentido contrario de lo tutelado por nuestra Constitución Nacional.

Resulta muy importante advertir que hasta ahora los avances de la tecnología no habían incidido negativamente sobre los espectadores, puesto que, por ejemplo, del blanco y negro se pasó al color sin que nadie haya sufrido la falta del servicio; pero, la actual administración espectral “en fetas” para la televisión digital (TDA estatal y TDT privada), incurre además, en una clara violación de los derechos de independencia de los medios que allí se instalen, ya que en ambos casos, sus emisiones dependerán de los gobiernos de turno (TDA), o de “Licenciatarios Operadores” (TDT), quienes serán los propietarios de las plantas transmisoras, siendo éste el punto más peligroso y, por lo tanto, más cuestionable de la citada propuesta. Por otra parte, el establecimiento de semejante multiplicación de medios de comunicación social provocará, además de la extinción del soporte radioeléctrico, nada más y nada menos que la imposibilidad de costear contenidos de real envergadura. Tanta y tan pobre será la oferta que no servirá para que a los anunciantes deseen invertir en dichos medios, y éstos, no tendrán más remedio que recurrir a los subsidios o a la probable discrecionalidad de los gobiernos de turno. Estos son algunos de los motivos por los cuales no pueden dejarse de lado los servicios abiertos, directos y gratuitos, que se destinan a la recepción del público en general, los que, oportunamente, habían sido, categóricamente, declarados como de “interés Público”.

Edgardo Molo
(Asesor Técnico Legal - Especialista en Radiodifusión)
Periodista

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