miércoles, 10 de mayo de 2017

LA IGLESIA ARGENTINA DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR – Sexta y última Parte

La estrecha relación que mantenían algunos obispos progresistas con los organismos defensores de los derechos humanos hizo que fueran vistos con desconfianza por amplios sectores de la jerarquía católica. En general, ante la dificultad y el riesgo que implicaban el trabajo en comunidad, los católicos progresistas optaron por acciones menos expuestas pero que les servirían para mantener la cohesión de sus grupos o comunidades eclesiales de base. Surgieron así espacios de discusión y lectura, y otras actividades semejantes en parroquias e institutos religiosos que se llevaban adelante –en no pocos casos– en condiciones de semiclandestinidad. Así lograron sobrevivir las comunidades progresistas que iniciarían hacia fines de 1978 un lento pero sostenido proceso de recomposición.

Tanto en el ámbito de la política y de la sociedad argentina como en el del propio catolicismo y su Iglesia tuvieron lugar, a lo largo de estos años, procesos que modificaron las relaciones entre la jerarquía católica y el gobierno de las Fuerzas Armadas, y provocaron el desplazamiento del poder dentro de la propia institución eclesial. A partir de 1979, aunque lentamente, determinados sectores de la sociedad civil comenzaron a recuperar la iniciativa. En parte por la incapacidad del régimen militar para definir una propuesta política coherente. Por otra parte, porque este mismo régimen militar comenzaba a pagar con su aislamiento los costos políticos derivados del terror y los de un plan económico que, al castigar a amplísimos sectores del arco social, lo privaba de sólidas bases de sustentación. Los partidos políticos incrementaron su actividad y comenzaron a difundir comunicados cada vez más críticos. La oposición sindical a las políticas económicas de Martínez de Hoz y su equipo se consolidó, al igual que la de los organismos defensores de los derechos humanos.

En 1980 se produjeron dos acontecimientos ilustrativos de esta nueva dinámica: la Comisión Interamericana de DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) dio a conocer un informe documentando las violaciones cometidas en la Argentina tras un viaje al país realizado el año anterior, al que nos referiremos más adelante. Y el PREMIO NOBEL DE LA PAZ fue otorgado a ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, COORDINADOR LATINOAMERICANO DEL SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA (SERPAJ), una institución de inspiración cristiana. Esta ofensiva de la sociedad civil apenas se bosqueja en la sociedad argentina al tiempo que otros procesos, cuyas consecuencias serán profundas y duraderas, tiene lugar en la Iglesia universal. La llegada al pontificado de JUAN PABLO II, en octubre de 1978, abre una nueva etapa para la Iglesia, signada por la construcción de un nuevo proyecto hegemónico basado en lo que se dio en llamar el “AGGIORNAMENTO SOCIALCRISTIANO”.

En las iglesias latinoamericanas, esta nueva orientación de la Iglesia universal cristalizaría durante la II CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, EN MEDELLÍN, PUEBLA, inaugurada por el propio JUAN PABLO II a comienzos de 1979, en la forma de una “teología de la cultura”, capaz de cerrar las hondas heridas y desgarramientos de los tiempos del Concilio en plano doctrinario. La recuperación de la “cuestión social” profundizada más adelante con la encíclica LABOREM EXCERCENS de JUAN PABLO II junto con una revitalización de la cultura popular católica constituían una respuesta al crecimiento que había experimentado la teología de la liberación en el continente. La condena de los totalitarismos de todo tipo, la denuncia explícita de la doctrina de la seguridad nacional y la defensa irrestricta de los derechos humanos expresadas por los obispos latinoamericanos en Puebla generaron un fuerte impacto en la iglesia argentina por su pertinencia con la situación del país. Junto con los cambios políticos y sociales a que hiciéramos referencia, condujeron a un paulatino distanciamiento de la jerarquía eclesiástica con respecto al régimen militar.

A las preocupaciones ya presentes en muchos obispos en torno de la represión implementada por los militares, especialmente cuando era dirigida contra sacerdotes o laicos del apostolado, se sumó a fines de 1978 una reprobación marcada ante la irresponsable actitud de amplios sectores de las Fuerzas Armadas, que estuvieron a punto de desencadenar una guerra con Chile por el CANAL DE BEAGLE. Por otro lado las políticas monetaristas del equipo económico de MARTÍNEZ DE HOZ, que adquirieron perfiles bien nítidos durante 1977 con la reforma financiera y luego, en 1978, con la apertura comercial, instauraban una brecha con la doctrina social de la Iglesia en tanto que ella aboga por la armonía de las relaciones entre el capital y el trabajo. Todo eso confirmaba en el ánimo de muchos obispos que, a pesar de su catolicidad proclamada, el gobierno del Proceso estaba muy lejos de encarnar el ideario de la Iglesia después del Concilio y Puebla.

En este clima surgieron iniciativas para vincular a la Iglesia con otros sectores de la sociedad, en las que adquirieron un importante protagonismo algunos obispos de reciente promoción al cuerpo episcopal, como MONSEÑOR LAGUNA y MONSEÑOR CASARETTO. Producto del acercamiento con el sindicalismo peronista, fue un documento elaborado por el equipo de pastoral social del episcopado en los primeros días de agosto 1979 (y ratificado en sus consideraciones generales por la comisión permanente del episcopado en noviembre), que manifestaba la oposición de la Iglesia a la ley de asociaciones profesionales que se aprestaba a sancionar el gobierno militar. Se trataba de una cuestión importante sobre la cual, por primera vez, la Iglesia y las Fuerzas Armadas aparecían, claramente, en veredas opuestas. Como parte de la estrategia más amplia que consistía en neutralizar a las corrientes más radicalizadas del catolicismo, la cuestión social comenzó a ganar terreno, en las homilías y en las declaraciones de los obispos, incluso en aquellos fuertemente conservadores, en el marco de una ortodoxia doctrinaria que no diese lugar a interpretaciones consideradas extremas.

A medida que se visualizaba la necesidad de una salida política del Proceso, sectores de la Iglesia vinculados a la renovación conciliar, intensificaron sus contactos con la dirigencia sindical. Esta relación con el movimiento obrero argentino se incrementó aún más con la designación de MONSEÑOR LAGUNA, en 1981, como presidente del equipo de pastoral social, la que se inscribía a la vez en una nueva orientación de la Iglesia universal hacia el mundo del trabajo, plasmada en la encíclica LABOREM EXCERCENS de JUAN PABLO II. En suma, los cambios que se produjeron a fines de los años setenta contribuyeron a legitimar la actitud de los católicos que desafiaban el autoritarismo del régimen, e hicieron que la defensa de los derechos humanos se combinara crecientemente con la denuncia de la situación social. En agosto de 1979, MONSEÑOR NOVAK, obispo de la diócesis de Quilmes, hizo llegar a la Conferencia Episcopal Argentina una carta pastoral de la cual se imprimieron más de 20.000 copias que fueron distribuidas en las distintas capillas y parroquias de la diócesis. Esto demuestra que los planteos de los sectores progresistas de la Iglesia se acercaban ahora a los de la Iglesia universal tal como habían sido formulados en la Conferencia de Puebla y en las encíclicas papales.

Eran esas mismas convergencias las que le permitieron al obispo de Viedma calificar como “anticristiana” la política económica del régimen militar y afirmar que “la brecha que señala Puebla, esa brecha entre ricos y pobres, es hoy en la Argentina cada vez más notable”. Lo mismo hizo posible que en la diócesis de Quilmes se celebraran todos los meses, desde junio de 1979 hasta diciembre de 1981, misas con familiares de detenidos desaparecidos, o que las Madres de Plaza de Mayo realizaran para esa fecha en Quilmes y en Neuquén una jornada de ayuno reclamando la aparición con vida de los desaparecidos. Pese al nuevo clima a favor de los obispos progresistas, los sectores mayoritarios de la jerarquía católica evitaron cualquier tipo de pronunciamiento público que pusiera en peligro sus relaciones con el régimen militar. Permanecieron en silencio frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Proceso y no fueron pocos los que salieron en su defensa cuando el cuestionamiento se fue generalizando en la sociedad argentina. Por ejemplo, en ocasión de la llegada al país de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA en 1979 para investigar sobre la situación de los derechos humanos, numerosas voces se alzaron desde las cúpulas de la Iglesia para desprestigiar la labor de la comisión y vincularla con una “CAMPAÑA ANTIARGENTINA” impulsada desde el exterior.

MONSEÑOR DERISI, destacado exponente de los sectores tradicionalistas del catolicismo argentino, responsabilizó por los problemas del país a “los familiares de los guerrilleros que han matado, secuestrado y robado”, en tanto que el arzobispo de Rosario, MONSEÑOR BOLATTI, sostenía que “los extranjeros no pueden venir a decirnos qué cosas tenemos que hacer”. También se puede observar que las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos que esperaban las asambleas plenarias para hacer llegar sus denuncias a la Conferencia Episcopal, nunca fueron recibidos por la jerarquía católica, que no tuvo inconvenientes, sin embargo, en escuchar de boca de los propios jefes militares los informes acerca de las características que asumía la “lucha antisubversiva”. Entre las razones que llevaron a la Iglesia a adoptar una posición tan reticente ante la represión ilegal y en particular contra la que desató la institución en contra de sus propios miembros, se puede invocar la existencia, desde las primeras décadas del siglo, de un sustrato ideológico común con las Fuerzas Armadas, que asociaba la nación a su catolicidad. Al alinearse con las Fuerzas Armadas, la Iglesia no hacía sino defender los “valores tradicionales de la argentinidad”.

Ubicada en la misma trinchera ideológica que los militares, la Iglesia católica encontraba dificultades para cuestionar abiertamente los métodos represivos del Proceso, así como para defender los derechos humanos de aquellos grupos e individuos que, desde la mítica perspectiva de la “nación católica”, formaban parte de los “enemigos de la patria”. Como ha señalado LORIS ZANATTA, esta “antigua y orgánica unión entre Iglesia y Fuerzas Armadas y su representación recíproca como pilares de la nacionalidad” llevó a las cúpulas de ambas instituciones a evitar, en la medida de lo posible, los enfrentamientos y a resolver “en familia” sus diferencias. Pero también es posible que la profunda división que existía dentro del propio cuerpo episcopal haya militado a favor de una posición moderada de la jerarquía católica, ya que una condena pública de los crímenes de la dictadura podía producir la fractura del episcopado al enajenar a los obispos que simpatizaban abiertamente con el gobierno militar.

La posición de la jerarquía católica de la que hemos subrayado sucesivamente la ambigüedad, reticencia y moderación, se mantuvo incluso luego de la derrota en la guerra por las ISLAS MALVINAS, que inauguró la etapa de descomposición del régimen militar. Los más altos exponentes de la Iglesia argentina se mostraron partidarios de encontrar un cierre para la espinosa cuestión de los desaparecidos que no comprometiese institucionalmente a las Fuerzas Armadas. A fines de abril de 1983, el gobierno militar dio a conocer un “Documento Final” y un “Acta Institucional” en la que se consideraba que todo lo actuado por las fuerzas de seguridad en la “lucha contra la subversión” debía ser considerado un “acto de servicio” y por lo tanto no podía ser materia punible. A lo largo de 1983 el CARDENAL ARAMBURU y el entonces obispo de Avellaneda, MONSEÑOR QUARRACINO, se pronunciaron a favor de UNA LEY DE AMNISTÍA, al mismo tiempo que este último advertía sobre los peligros que podían derivarse de un eventual juzgamiento de los militares. La estrategia de las Fuerzas Armadas se completó en septiembre de 1983 con la sanción de la “LEY DE PACIFICACIÓN NACIONAL”, más conocida como “LEY DE AUTOAMNISTÍA”. En general, los sectores de mayor peso dentro del catolicismo argentino mantuvieron esta posición: el episcopado católico –a través de su comisión ejecutiva– iba a encontrar aspectos positivos en el “Documento Final” y evitaría un pronunciamiento de conjunto ante la ley de amnistía, ya que por haber sido sancionada por los militares poco antes de abandonar el poder, podía considerarse que se trataba de una cuestión de “carácter jurídico”.

Sólo el pequeño núcleo de obispos que había denunciado desde el principio la política represiva del régimen militar exigió la justicia y la verdad como requisito para lograr una eventual reconciliación. Para MONSEÑOR HESAYNE, ésta requería de cinco condiciones: examen de conciencia, dolor, arrepentimiento sincero de los pecados, propósito de corrección, confesión sincera del pecado y reparación del mal cometido. Y el obispo de Neuquén rechazó enérgicamente el “Documento Final” y la “LEY DE AUTOAMNISTÍA”, basándose en documentos elaborados por el propio episcopado, como “IGLESIA Y COMUNIDAD NACIONAL”. Sin embargo, en otro terreno, los cambios operados en el seno de la Iglesia tras la CONFERENCIA DE PUEBLA y la descomposición del régimen militar luego de la GUERRA DE MALVINAS crearon un escenario propicio para que muchas de las líneas de trabajo que habían sido características de la “IGLESIA DEL PUEBLO” durante las décadas de 1960 y 1970, y que habían permanecido latentes durante la dictadura, se fueran reactivando paulatinamente. La capacidad organizativa y el compromiso militante de muchos sacerdotes y laicos les otorgaron un papel que no debiera subestimarse en los nuevos movimientos sociales que hicieron su ingreso en la escena política a comienzos de la década de 1980.

Prácticas solidarias que desafían la cultura jerárquica de los militares dieron a estos movimientos un papel clave en la lucha contra la dictadura. A modo de ejemplo puede citarse la ocupación de terrenos fiscales en distintas zonas del sur del Gran Buenos Aires, por familias desplazadas o que no tenían donde vivir. La participación de sacerdotes de la diócesis de Quilmes fue decisiva para dotar a esas familias de formas organizativas que les permitiesen defender sus reivindicaciones. Se podría citar otros ejemplos de pastoral popular enmarcada en la “OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES” en dirección de grupos aborígenes, villas de emergencia y sectores juveniles, desarrollados desde las diócesis progresistas a las que hemos hecho referencia a lo largo de este trabajo. En suma, la recuperación de prácticas que habían caracterizado su accionar en los años previos al golpe militar y la resignificación de otras, permitieron que los sectores progresistas del catolicismo argentino pudieran realizar un aporte significativo a la recomposición del campo popular y al proceso de transición a la democracia, una vez que quedó atrás la fase de mayor violencia represiva.

Hasta aquí hemos compartido la investigación realizada por MARTÍN OBREGÓN, Docente en Historia e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ha preparado una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sus investigaciones se centran en el papel de la Iglesia católica durante el Proceso argentino (1976-1983) y más generalmente las relaciones entre catolicismo, nacionalismo y derechos humanos en la Argentina.

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