El 2 de abril de 1982, el gobierno de facto encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri concretó la ocupación militar de las Islas Malvinas. Los motivos del gobierno militar para tomar esa decisión no eran geoestratégicos, sino que se vinculaban sobre todo con la situación política nacional. Por lo demás, se supuso entonces que el Reino Unido no respondería militarmente a la invasión. Sin embargo, todos esos cálculos terminaron demostrándose como errados y la situación desembocó en una guerra entre Argentina y una de las mayores potencias militares del planeta. El enfrentamiento militar terminó con la esperable derrota de un ejército argentino mal preparado para un conflicto de esas características. El 2 de abril se conmemora el aniversario de ese episodio. Las Islas Malvinas continúan en poder de los británicos, que pretenden incluso extender sus potestades territoriales en 150 millas adicionales sobre las 200 que ya controlan en la plataforma continental del límite exterior de las Islas.
El conflicto bélico del Atlántico Sur se desató cuando tropas argentinas ocuparon las Islas Georgias el 19 de marzo de 1982 y las Islas Malvinas el 2 de abril siguiente. Aunque el gobierno argentino de facto consideró a la toma de las islas como una “reocupación” de su propio territorio y el gobierno británico lo definió como una “invasión” de uno de sus territorios ultramarinos, las raíces del conflicto se encontraban en otra parte. A fines de 1981, Argentina experimentaba una profunda crisis económica, con una inflación del 600% y una creciente movilización sindical. Todo esto, sumado a la política represiva de la Junta Militar que gobernaba al país desde 1976 y a la notoriedad que comenzaban a adquirir las brutales violaciones a los derechos humanos, produjo una creciente oposición a la dictadura.
Fue entonces que el gobierno liderado por Leopoldo Fortunato Galtieri intentó fortalecer su posición política apelando a la euforia nacionalista que la recuperación de las islas podría desencadenar. Por lo demás, los gobernantes argentinos también consideraban improbable que Gran Bretaña respondiera militarmente a la toma de las Islas, de modo que pensaban que podrían aprovechar los efectos políticos de la operación sin enfrentar una guerra contra una de las mayores potencias militares. Sin embargo, Gran Bretaña respondió con el envío de tropas y una fuerte decisión política y militar de recuperar Malvinas, probablemente no porque el gobierno de Margaret Thatcher estuviera interesado específicamente en las islas, sino por otros motivos.
Fundamentalmente, aceptar los reclamos de soberanía argentinos, que habían sido presentados con anterioridad en la ONU, o tolerar una operación militar sobre territorios ultramarinos habría implicado la posibilidad de que eventos de ese tipo se repitieran en el resto de lo que quedaba del Imperio Británico, algo inaceptable para el Reino Unido. Además, en el contexto de la Guerra Fría, Gran Bretaña podía presentar su ingreso al conflicto como parte de una lucha planetaria entre democracia y totalitarismo, y una victoria implicaría una mejora de la débil situación política del gobierno conservador encabezado por Thatcher. Como se ve, tanto la decisión argentina de recuperar las islas como la británica de responder militarmente tenían motivaciones distintas a la disputa por la soberanía o a la protección de los habitantes de las islas.
Una vez desatado el conflicto, su desenlace fue casi inexorable. Algunos países latinoamericanos ofrecieron su ayuda a Argentina, en tanto que Chile, Estados Unidos y varios países europeos asistieron a Gran Bretaña, aun cuando ninguno de estos Estados tuvo una participación militar directa en el conflicto. La aviación argentina logró hundir el destructor británico HMS Sheffield, pero el hundimiento del Crucero General Belgrano y la escasa preparación del ejército argentino para una defensa militar de las islas ante una respuesta británica que se consideraba improbable, llevaron a la rendición argentina del 14 de junio de 1982.
La guerra tuvo consecuencias de grandes proporciones, fundamentalmente en el plano político. En Inglaterra, la victoria militar hizo posible el triunfo del partido gobernante en las elecciones de ese mismo año, algo que estaba lejos de ser seguro antes de la guerra y llevó a una profundización de las políticas conservadoras que caracterizaban al gobierno de Thatcher. En Argentina, el fracaso de la recuperación de Malvinas precipitó la caída del régimen militar y el retorno de la democracia en 1983, con el consecuente juicio a las Juntas Militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno de facto. La derrota tuvo también otras consecuencias en el país: muchos de los soldados que regresaron de Malvinas fueron estigmatizados por haber participado de una guerra que súbitamente perdió toda la popularidad que le había valido la euforia nacionalista inicial. Aunque los ex combatientes británicos también sufrieron las consecuencias de la guerra en su salud física y mental, los veteranos de guerra argentinos fueron castigados particularmente por las debilidades que el Estado demostró en su asistencia. Un solo dato pinta dramáticamente las dimensiones de esta tremenda realidad: según estadísticas del Ministerio de Salud del año 2004, la tasa anual de suicidios en la Argentina es de 8,2 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa anual de suicidios entre los ex combatientes trepa hasta 108,7 casos cada 100.000 habitantes, casi 14 veces más que entre el resto de la población.
La disputa por la soberanía sobre las islas entre Argentina y Gran Bretaña, sin embargo, no se inicia con el conflicto de 1982 ni termina con él, sino que comienza muchas décadas antes y amenaza con prolongarse largamente en el futuro, aunque la ONU insiste con frecuencia en propiciar negociaciones entre ambos países para resolver la cuestión. Es preciso, entonces, analizar brevemente cuáles son los fundamentos expuestos por cada país para sus pretensiones.
El gobierno argentino sostiene su soberanía sobre las islas desde 1833 con los siguientes argumentos:
La soberanía sobre las islas fue transferida por España a Argentina tras la independencia, bajo el principio de Uti Possidetis Juris, que significa “como poseías de acuerdo al derecho, poseerás”.
Gran Bretaña abandonó su asentamiento en 1776 y renunció a su soberanía sobre él en el Tratado de San Lorenzo del Escorial de 1789-90, donde reconoció la soberanía española sobre las costas e islas de América del Sur.
La invasión de 1833 (cuando los británicos recuperaron el control de las islas, ininterrumpido hasta 1982) fue ilegal según el derecho internacional. Las Malvinas se encuentran sobre la plataforma continental submarina argentina, lo que le da al país derecho a la soberanía sobre las islas según la Convención de la ONU sobre la Plataforma Continental de 1958. Los británicos, por su parte, consideran que la cuestión de la soberanía sobre las islas “no es negociable”, incluso tras las resoluciones de Naciones Unidas que se sucedieron desde la década de 1960, al tiempo que también rechazan la posición argentina de que la ocupación británica de las islas es ilegal.
