Los cambios que se produjeron en la sociedad argentina durante el gobierno de Isabel Perón fueron determinantes en el agotamiento del régimen democrático inaugurado en 1973, y su derrota por el golpe militar. A comienzos de 1975 se produjo un agravamiento de la situación económica, causada por la suspensión en el Mercado Común Europeo de las compras de carnes argentinas, que llevó a la devaluación del peso, la caída de los salarios reales y el aumento de reclamos sindicales. Esto ocasionó la renuncia del ministro de economía, Alfredo Gómez Morales, y la designación en su reemplazo de Celestino Rodrigo, a quien se le encargó instrumentar un plan económico.Las medidas, anunciadas el 4 de junio, incluyeron una devaluación superior al 100%, el aumento de los precios del combustible del 175%, de las tarifas eléctricas el 75%, y aumentos de otros servicios públicos. Entonces se volvió necesario someter a los dirigentes sindicales más contestatarios y designar una cúpula sindical dócil. Las medidas económicas impulsadas fueron un duro golpe a los salarios reales de los trabajadores e hizo caer en el desprestigio a sindicalistas, otrora combativos, que tuvieron una actitud dubitativa. La consecuencia de esto fue el nombramiento de hombres afines del gobierno. Fueron desplazados dirigentes como Agustín Tosco, del gremio metalúrgico, René Salamanca, de los mecánicos y Raimundo Ongaro, líder del gremio gráfico.
Las medidas tomadas por el nuevo ministro, conocidas como “EL RODRIGAZO”, generaron muchas protestas obreras ya que el ministro se negaba a dar aumentos salariales superiores al 38%. Para imponer las medidas y frenar las protestas, un sector del gobierno se dedicó a perseguir a intelectuales, artistas y activistas sindicales considerados de izquierda. Esta persecución ilegal fue llevada a cabo por elementos clandestinos organizados en la ALIANZA ANTICOMUNISTA ARGENTINA (AAA) dirigidos desde el Ministerio de Bienestar Social a cargo de la principal figura del peronismo, el "BRUJO" José López Rega. La CGT suspendió las negociaciones paritarias el 5 de junio. Mientras su colaboración con el gobierno la desprestigiaba vio desplazar a sus hombres del poder, alejados de puestos en el gobierno.
Por ello, la CGT se vio obligada a llevar adelante un plan de lucha con huelgas generales, movilizaciones y apoyo a reclamos salariales que desestabilizó al gobierno y precipitó la caída del ministro López Rega, quien fue destituido el 11 de julio para luego abandonar precipitadamente el país. Rodrigo fue reemplazado en economía por Antonio Cafiero, el 14 de agosto de 1975, quien tampoco consiguió un plan económico que permitiera mejorar la situación de las empresas del país, ya que los trabajadores no estaban dispuestos a hacer un sacrifico. En 1975, el costo de vida aumentó 334,8 %, anunciado el 5 de enero del siguiente año. Las cúpulas empresariales presionaron y exigieron cambios al gobierno. Los grupos de ultraizquierda profundizaron sus acciones armadas, que aumentaron la confusión política dando al gobierno la posibilidad de intensificar la represión indiscriminada.
María Estela Martínez de Perón pidió licencia por razones de salud desde el 13 de septiembre de 1975 hasta el 6 de noviembre de 1975. Durante el período, Ítalo Argentino Luder asumió el cargo de presidente provisional del Senado. El nuevo mandatario reemplazó al ministro del Interior, Vicente Damasco por Ángel F. Robledo, y procuró ganar el apoyo de las Fuerzas Armadas. Para ello envió al Congreso el proyecto de creación del Consejo de Defensa Nacional y de Seguridad Interior que entregaba a los militares la responsabilidad total de la lucha contra la subversión armada. Durante los meses siguientes se incrementaron la inflación, el desempleo y las huelgas. Entre los trabajadores se intensificaba la organización de sus luchas y algunas comisiones internas comenzaron a proponer la toma u ocupación de los lugares de trabajo.
La represión ilegal, que se había ensañado contra los dirigentes sindicales, se tornó ineficaz. Este curso de los acontecimientos asustó a muchos empresarios que, viendo al gobierno debilitado, atado por los mecanismos parlamentarios y las necesidades electorales, se inclinaron a favor de un golpe militar. Los hombres con más sensibilidad política, también percibieron que los acontecimientos empezaban a favorecer el crecimiento de organizaciones políticas izquierdistas, con estrategias de poder sustentadas en esas luchas y en la aparición de coordinadoras de las comisiones internas más activas, mientras se debilitaba la influencia de los partidos tradicionales. El 7 de febrero, la UCR advirtió sobre la inminencia de un golpe de Estado ante "la falencia del PE".
Los más amplios sectores populares pasaron de una actitud de oposición a los militares, que caracterizó la mentalidad de los años sesenta, a un desprecio al gobierno constitucional y a una disminución de su participación política, asustados y confundidos por el accionar de la guerrilla. La política vacilante de la CGT, entre el gobierno peronista y el apoyo a las luchas de los trabajadores, había ido debilitando la idea, en la clase media, de que esas luchas pudieran dar solución y traer orden. Los cambios de rumbo del gobierno de Isabel, las acusaciones de corrupción que se le hicieron, las devaluaciones de la moneda y el crecimiento de los precios, fueron ganando entre las clases medias la necesidad de que hubiera un gobierno fuerte que pusiera las cosas en orden.
El golpe se empezó a preparar el 12 de diciembre de 1975, cuando el brigadier Orlando Capellini hizo el primer pronunciamiento fallido. El intento fracasó porque todavía no se habían terminado de consolidar las jefaturas de las Fuerzas Armadas detrás del mismo objetivo. Pero su acción mostró que, entre los altos oficiales, las condiciones estaban maduras. Las incógnitas que despertaba entre las cúpulas militares acerca de cuál sería la reacción social fueron despejadas cuando los estratos medios de la sociedad reflejaron que no se opondrían a un golpe. Así fue interpretada, al menos, la indiferencia o simpatía que despertó el alzamiento de Capellini.
Mientras tanto, el periodismo siguió insistiendo en que era necesario poner orden, fin a la corrupción y facilitar el advenimiento de un gobierno menos incapaz que el de "Isabelita". El radicalismo, que por boca de su principal dirigente expresó que, si existía un golpe era por culpa del gobierno, no estuvo dispuesto a preparar a la población para que se defendiera. Al contrario, fortaleció el objetivo de los militares. El jefe del partido radical, Ricardo Balbín, fue claro cuando respondió "no tengo soluciones" al reclamársele una alternativa frente al golpe.
Durante los primeros dos meses de 1976, estas características se acentuaron y prepararon el escenario del golpe militar. En el Congreso se multiplicaron los pedidos de renuncia de la Presidenta como forma de solución de la crisis, durante el 9 de febrero. El 18 de febrero María Estela Martínez de Perón informó que no renunciaría y el 20 de febrero se convocó a elecciones presidenciales para el 12 de diciembre. Alea jacta est. El golpe fue preparado con anticipación por las fuerzas armadas. Dos días antes del 24 de marzo, por ejemplo, ya se realizaban movimientos militares con la excusa de combatir la subversión ocupando lugares estratégicos.
El 24 de marzo de 1976 comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces, la Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares (Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Bordaberry en Uruguay), sostenidas por Estados Unidos en el contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
A mediados de 1975 una delegación de empresarios liderada por José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino se entrevistó en secreto con el entonces general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del Ejército, para expresarle la preocupación de los grandes grupos económicos porque "se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad" y solicitarle a las Fuerzas Armadas que aseguraran "el imperio del orden sobre todas las cosas".
En octubre de 1975, los militares y empresarios golpistas comenzaron a reunirse con la jerarquía de la Iglesia Católica y de líderes de partidos políticos como la Unión Cívica Radical y el Partido Federal, que se comprometieron a no oponerse. En febrero de 1976 el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe. El plan contemplaba la necesidad de "encubrir" como "acciones antisubversivas", la detención clandestina de activistas y opositores, desde la noche misma del golpe.
Durante el Proceso, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos. El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; y, hasta 2007, la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. La CONADEP documentó 8.961 casos. Cientos de ciudadanos extranjeros figuran también en las listas de víctimas, entre ellos de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras.
Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que ya ha encontrado a más de 100 nietos secuestrados por la dictadura. Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, el Pozo de Banfield, en la provincia de Córdoba, Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes.
Estas acciones de represión ilegal, para los defensores de la «teoría de los dos demonios», constituyeron la llamada guerra sucia y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el famoso informe NUNCA MÁS. El 15 de marzo de 2006, la ley 26.085 declara al 24 de marzo como DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA, en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL.
