El informe de la Red de Sobrevivientes fue presentado el año pasado en
la reunión de SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), la
organización no gubernamental que sale en Spotlight. “El flagelo de los abusos
sexuales del clero católico también se presenta en Argentina. El accionar
institucional de la Iglesia católica sigue siendo el ocultamiento, la
denegación de justicia y el abuso de poder”, dicen desde la Red.
El abuso sexual por parte de curas siempre existió, pero sus propias
características, que implican manipulación y sometimiento, facilitaron que el
delito quedara impune, atragantado en los cuerpos violados de las víctimas.
Pero desde hace unos pocos años las cosas han empezado a cambiar. La condena a
15 años de prisión efectiva para el cura Julio
César Grassi animó a muchas víctimas a contar su drama silenciado. Ese
mismo año (2009) comenzó una verdadera catarata de denuncias a nivel mundial,
fundamentalmente en Estados Unidos, Irlanda,
Suiza, Alemania, Holanda, Austria, el Reino Unido.
Todos estos lugares aparecen al final de Spotlight. Grassi es uno de los
casos argentinos (Morón). Otro es de Paraná, donde el año pasado, el sacerdote Justo José Ilarraz fue procesado por
corrupción agravada de menores, en el marco de una investigación por más de 50 abusos denunciados por ex estudiantes
del Seminario Menor de Paraná. Los abusos ocurrieron entre 1985 y 1993.
Ilarraz fue procesado 30 años después y sigue en libertad.
Berazategui aparece por el cura Rubén
Pardo, que en 2002 violó a un chico de 15 años en la Casa de Formación de
la Iglesia Católica. En 2013 el Obispado de Quilmes tuvo que indemnizar al
joven y a su madre. Pardo murió de sida en 2005. Otro caso de Quilmes es el del
sacerdote Héctor Pared, condenado a
24 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores
calificada. Pared –responsable de “Hermano Francisco”, un hogar para chicos de
la calle– abusó sexualmente de seis nenes, todos muy pobres, además les pegaba.
El cura Napoleón Sasso fue condenado
en 2007 a 17 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco nenas,
entre 2002 y 2003, cuando era párroco de la capilla San Manuel en el barrio La
Lonja, de Pilar.
Sebastián Quattromo estaba de viaje de egresados cuando Fernando Enrique Picciochi, de la Congregación de Hermanos
Marianistas, se metía en su cama y abusaba de él. Y siguió haciéndolo
durante el primer año del secundario, en el colegio Marianista de Caballito.
Sebastián pudo contarlo diez años después, cuanto tenía 23. Picciochi se escapó
a Estados Unidos, lo extraditaron y en 2012 fue condenado a 12 años de prisión
por “corrupción de menores calificada, reiterada”. Está libre. “Le aplicaron el
beneficio del dos por uno, que ya no existe pero sí estaba vigente al momento
de los hechos”. “De todas maneras, en lo concreto y en lo simbólico, es muy
reparador que la Justicia lo haya condenado”. Sebastián milita en la ONG por
“Adultos por los derechos de la infancia” junto a cientos de sobrevivientes de
abusos.
Julieta Añazco aún no logró esa reparación. Fue abusada por el cura Héctor Giménez en los campamentos de
verano a los que fue cuando tenía 10, 11 y 12 años. Pudo denunciarlo 30 años
después, en 2013, ante la Fiscalía N° 6 de La Plata. Ahí descubrió que tenía
denuncias previas, de cinco mujeres abusadas cuando eran niñas, y tres varones
también. Lo condenaron a ocho años, pero la Cámara de Apelaciones de La Plata
lo excarceló por “dignidad eclesiástica”.
Julieta está al frente de la Red de Sobrevivientes, donde estiman que Giménez
habría abusado de unos cien niños. Lleva años sin suerte tratando que el
Arzobispado de La Plata le diga en qué situación está su causa y qué fue de la
vida de Giménez.
Carlos Lombardi, abogado especialista en derecho canónico, lleva
adelante 11 de pedidos de informes de la Red en Mar del Plata, Corrientes,
Santa Fe y La Plata: “Los abusos sexuales de miembros de la
Iglesia se plantean en tres escenarios: penal, civil y canónico, en el que las
víctimas piden explicaciones sobre las denuncias a los obispos -explica-. Pero
el comportamiento de la Iglesia es delictivo por su total encubrimiento. Su
modus operandi es el secretismo, el abuso de poder y la denegación de
Justicia”.
La Cámara de Senadores votó en octubre del año pasado una reforma al
Código Penal para que la prescriptibilidad de los delitos contra la integridad
sexual de personas menores de edad comience con la presentación de la denuncia.
También incluye al delito de trata de personas y prevé la inhabilitación especial
perpetua cuando el autor se hubiese valido de su empleo, cargo, profesión o
derecho para cometer el hecho. Es una modificación a la llamada “Ley Piazza”,
que computaba el plazo a partir de que la víctima llegaba a la mayoría de edad.
Así, se contempla no sólo el daño de esos delitos, sino también las
dificultades y el tiempo que les lleva a las víctimas contar lo ocurrido, lo
que se llama “Revelación Tardía”.
