7 de septiembre de 2018: En el tercer gran paro general
convocado por la oposición, los opositores exigían la liberación de los
manifestantes detenidos en las protestas que comenzaron en abril. Los otros dos
paros ocurrieron el 14 de junio y el 13 de julio.
28 de septiembre de 2018: La policía de
Nicaragua califica de “ilegales” las protestas de la oposición. En un
comunicado la Policía listó una serie de presuntos incidentes violentos que
ocurrieron en las protestas contra el Gobierno en septiembre y se refirió a
estas como “marchas ilegales”. Además dijo que los organizadores serán
responsabilizados de cualquier crimen y acto violento perpetrado durante
las marchas. La CIDH expresó su preocupación pues en ese momento no estuvo
claro si la policía se refería a crímenes específicos o si advertía que todas
las protestas serían consideradas ilegales. Para ese momento la cifra de
muertos de la CIDH estaba en 322, y la del Gobierno era de 199. La CIDH recibe
con preocupación nota de prensa de la Policía Nacional de Nicaragua, que
califica de ilegales las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es
contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos
inherentes a una sociedad democrática.
14 de octubre de 2018: La policía agredió y detuvo al
menos a 38 manifestantes que pretendían marchar por la libertad de los
opositores detenidos. Fueron liberados 24 horas después.
26 de noviembre de 2018: El Gobierno de Nicaragua detuvo
a la Defensora de Derechos Humanos Ana Quirós de 62 años, que también
tiene la nacionalidad costarricense. La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy
Campbell, informó el 26 de noviembre que Quirós fue entregada a Migración.
Junto a Quirós también fueron retenidas las hermanas y activistas de derechos
humanos Ana y María Jesús Ara, de nacionalidad española, y Beatriz Huber, una
suiza de 49 años, quienes trabajaban en el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y
también habían sido citadas por Migración.
19 de diciembre de 2018: La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) dijo que el Mecanismo Especial de Seguimiento para
Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), que monitorean la crisis de derechos humanos en Nicaragua, fueron
suspendidos temporalmente por el gobierno. El Gobierno dijo que esas
organizaciones rompieron los protocolos y crearon una plataforma de
“información falsa para promover sanciones internacionales contra nuestro
país”.
21 de diciembre de 2018: En Washington el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA presenta un
informe que concluye que no hubo evidencia de golpe de Estado, pero sí una
estrategia de represión ejecutada con el conocimiento de altas figuras del
Gobierno. Según ese reporte, entre el 18 de abril y el 30 de Mayo murieron 109
personas, 95 de ellas con heridas de arma de fuego en el pecho, cabeza y
cuello. Policías y paraestatales usaron armas letales. Los investigadores
hablaron de investigar acciones cuyas características constituyen crímenes de
lesa humanidad. También cuestionan la parcialidad del poder judicial. El
canciller de Nicaragua, Denis Moncada, les informó a varios organismos de
observadores internacionales que tenían 72 horas para salir del país, pues
según el Gobierno, son divulgadores de información falsa sobre la situación en
Nicaragua.
21 de diciembre de 2018: La Policía allana el canal 100%
Noticias. En el operativo se detuvo al director del canal Miguel Mora y bloquearon
los equipos de transmisión. Un día después, Mora compareció ante un juez
acusado de los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer
actos terroristas. El abogado del periodista, Arnulfo López, dijo que la
denuncia carece de elementos probatorios para demostrar la vinculación de Mora
con los hechos imputados. El canal 100% Noticias ha dado cobertura de las
protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Dos días después, un juez dictó
prisión preventiva contra la jefa de prensa del canal, Lucía Pineda Ubau por
los mismos cargos de los que se le acusa a Mora.
8 de enero de 2019: Con los periodistas Lucía Pineda Ubau
y Miguel Mora encarcelados desde diciembre, la amenaza que tienen algunos
periódicos de desaparecer por falta de insumos y periodistas saliendo del país,
los medios de comunicación independientes de Nicaragua iniciaron el año con un
panorama poco alentador. El año empezó con los juicios de los periodistas
críticos del Gobierno y sigue el éxodo de comunicadores hacia el
exterior. El Comité de Protección a Periodistas expresó su preocupación
por el deterioro del clima de la libertad de prensa en Nicaragua, y
pidieron la liberación de los dos periodistas detenidos.
9 de enero de 2019: Rafael Solís, magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, renunció a su cargo en ese poder del Estado, y también a
su militancia en el Frente Sandinista. En una carta enviada al presidente
Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, Solís reconoció el aumento
de la violencia y la represión hacia la población y una total partidarización
del poder judicial en Nicaragua. Además señaló que no hubo un intento de golpe
de estado, sino “un uso irracional de la fuerza” por parte del Gobierno del
cual él no quiere hacer parte. Solís es el funcionario de mayor rango en
renunciar a su cargo desde que empezó la crisis en Nicaragua.
11 de enero de 2019: La Organización de Estados
Americanos lleva a cabo una sesión extraordinaria para analizar si se le aplica
o no la Carta Democrática a Nicaragua ante la situación política y
social que vive el país, y al entender que se están vulnerando las libertades
básicas y los derechos de sus ciudadanos. Si se aplica esta medida, Nicaragua
podría ser suspendida de este organismo. Un día antes la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, denunció el debilitamiento del Estado de Derecho en el
país y crímenes contra la humanidad en Nicaragua.
Prepararon esta información, Samantha Lugo y Mario
Medrano de CNN en Español, destacados en Nicaragua.
Comentario de Fondo: Ante los hechos que hemos compartido
con ustedes en la entrega anterior y en la presente, nos surge un enorme
sentimiento patrio, en el que queremos destacar que en primer lugar nos debemos
manifestar en la defensa de la vida y la dignidad del ser humano. Luego, que
los derechos básicos civiles, deben ser protegidos a toda costa y que la ruta democrática que Nicaragua ha escogido,
por la vía del derecho y la manifestación social, es un acto de valentía, en
cierta forma comparable, con aquellos actos que en su momento se denominaron
como la Primavera Árabe. Sin duda alguna, hoy por hoy, Nicaragua se ha
encaminado por la ruta correcta de la mano de jóvenes estudiantes valientes y
muy bien fundamentados, caminando de la mano con líderes civiles, que están
dispuestos a ofrendar sus vidas por la libertad y la justicia de su pueblo.
Desde Costa Rica
Desde Costa Rica
Jorge Muñoz Somarribas
Coordinador
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