Aquel Congreso de 1816
reunió a los más intelectuales del ex virreinato del Río de la Plata. Basta
afirmar que de los 29 que suscribieron el acta del 9 de julio, 12 eran
sacerdotes, 19 abogados y todos egresados de las universidades del Alto Perú,
Córdoba, Chile y España. De ellos, 15 fueron encarcelados o debieron exiliarse
para evitar sanciones.
Estos hombres declararon
la independencia en un momento realmente dramático de nuestra historia. La derrota
de Sipe Sipe y la amenaza de una invasión española desde el norte o lusitana
desde la Banda Oriental ponían en peligro el movimiento libertario iniciado en
1810. Sin embargo, los congresales estaban convencidos de que debían dar este
paso para convertir una guerra civil entre españoles y criollos en una guerra
entre naciones, y de esta forma evitar las sanciones que implicaban los
crímenes de traición y lesa majestad, severamente sancionados por la Corona
española. Por esa razón, el 9 de julio juraron la independencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
Los otros fines para los
que habían sido convocados al Congreso, como dictar una Constitución y proponer
una forma de gobierno, demoraron años en concretarse. El rechazo a la
Constitución del 19, por ser unitaria y de tendencia monárquica, les ocasionó a
estos diputados innumerables inconvenientes, como la prisión o el exilio. Tal
fue el desencanto que hacia 1820, en un artículo de El Argos, el editor se preguntaba qué “persona de bien e ilustrada se atrevería a ejercer alguna función
pública, ya que casi todos habían sido castigados”. Las vicisitudes
sufridas por algunos diputados que declararon nuestra independencia son una
parte de la historia que no suele relatarse en los libros.
El presbítero Manuel
Antonio Acevedo, nacido en Salta pero representante de Catamarca, fue el
encargado de pronunciar el sermón de apertura de sesiones. Sin embargo, esta
distinción no fue obstáculo para ser encarcelado en el tumultuoso 1820 por
haber votado la Constitución unitaria del 19. José Ignacio de Gorriti
suele ser confundido con su hermano Juan Ignacio, el célebre canónigo. José
Ignacio fue el único militar que asistió al juramento del 9 de julio, pero lo
hizo en su carácter de abogado. Curiosamente, la iconografía de la
independencia, insiste en incluir militares en el evento, cuando solo Gorriti
lo era y no queda constancia de que haya asistido vistiendo su uniforme.
En esas mismas
ilustraciones escasean los prelados cuando eran una docena. ¿Fue acaso un
mensaje subliminal a las próxima generaciones? Si el Congreso tenía una
finalidad legislativa, incorporar a individuos que desconocían las leyes tenía
poco sentido. Gorriti fue gobernador de Salta, pero cuando su provincia fue
invadida por Quiroga, debió exiliarse y murió en Charcas, donde su hija, Juana
Gorriti, la conocida escritora, se casó con Manuel Isidoro Belzú, presidente de
Bolivia.
Pedro León Gallo era un
sacerdote oriundo de Santiago del Estero, provincia a la que representó en
1816. Después del congreso fue un dilecto colaborador del gobernador Ibarra,
circunstancia que le acarreó problemas cuando los hermanos Taboada se hicieron
cargo de la provincia. Intentó huir a Tucumán pero fue apresado y sometido a
tormento. Murió en esa ciudad en 1852.
Tomás Godoy Cruz también
se vio envuelto en las guerras civiles que asolaron al país desde 1828. Después
de la batalla de Rodeo de Chacón, cuando los federales se hicieron del poder en
Mendoza, Godoy Cruz se exilió en Chile y todos sus bienes fueron confiscados.
Sin embargo, el fraile Aldao le permitió volver a su provincia con tal de
promover las industrias locales, especialmente la del gusano de seda, tema
sobre el que el Don Juan Godoy Cruz había escrito un tratado.
Antonio Sáenz, doctor en
teología y leyes, fue el primer rector de la Universidad de Buenos Aires, pero,
antes de acceder a ese nombramiento académico, debió ocultarse por un tiempo,
ya que le fue advertido que las autoridades lo estaban buscando para apresarlo
por firmar la Constitución del 19. Teodoro Sánchez de Bustamante tuvo menos
suerte que Sáenz: fue apresado en 1820. Años más tarde, después de ser
gobernador de Salta, debió huir a Bolivia, donde falleció.
José Serrano se trasladó a
Buenos Aires junto a los otros congresales para dictar la Constitución, pero en
1819 fue enviado junto a Marcos Balcarce en misión secreta. Interceptado por
las tropas de Pancho Ramírez, fue liberado después de una serie de penurias.
Fray Justo Santa María de
Oro debió desterrarse a Chile por los graves conflictos suscitados en su
provincia. Estando en el país trasandino, se lo creyó implicado en un
movimiento reaccionario a favor de O'Higgins. En esa oportunidad fue deportado
a la isla Juan Fernández, la misma en la que el náufrago Alexander Selkirk vivió
las peripecias que dieron lugar al relato de Robinson Crusoe por Daniel Defoe.
Curiosamente, quien introdujo este libro en el virreinato fue un colega del
Congreso de 1819, Tomás Anchorena.
Viene al caso aclarar que
algunos autores cuentan a 17 prelados como firmantes del acta de independencia,
pero algunos, como Loria, tomaron los hábitos años más tarde. Miguel Calixto
del Corro no asistió a la firma por haber sido enviado a una misión con Artigas
y Luis José de Chorroarín, Felipe Antonio de Iriarte y el Dean Funes se sumaron
al Congreso después de la firma del acta del 9 de julio.
Pedro Ignacio Rivera fue
otro de los diputados encarcelados en 1819. Sin embargo, se desconoce el lugar
donde fue enterrado. José Eusebio Colombres se vio obligado a refugiarse en
Bolivia después de la muerte de Marco Avellaneda y el fracaso de la Liga del
Norte. Volvió a Tucumán, su provincia natal, donde se dedicó a la industria
azucarera, aunque nuevamente fue hostigado por los Rosistas. No obstante,
cuando Quiroga entró a Tucumán, puso guardias para custodiar su hogar.
Pedro Castro Barros fue
tomado prisionero a la caída del general Paz y conducido a Santa Fe por las
tropas de López. De allí fue trasladado a Buenos Aires, donde sufrió un
simulacro de fusilamiento. Después de este penoso episodio emigró a Uruguay. Al
ser rechazado como vicario general decidió irse a Chile, donde murió, en 1849. Pedro
Uriarte también fue encarcelado en 1820 y liberado a instancias del gobernador
Ramos Mejía, en 1820.
Juan José Paso, a pesar de
su larga carrera política, fue apresado brevemente en 1820. Después de este
episodio su actuación pública se limitó y decidió ingresar en las órdenes
franciscanas terciarias. Fue enterrado en la Recoleta vistiendo un sayo de la
orden. Por último, los dos representantes cuyanos, Juan Agustín Maza y Narciso
Laprida, ambos compañeros de estudio en la Universidad de Chile, fueron
convocados para el Congreso de Tucumán pero separados por sus diferentes
inclinaciones políticas.
Juan Agustín Maza era
federal y allegado al gobernador Corbalán. Ante la amenaza de las tropas de
Paz, Maza abandonó la ciudad de Mendoza y se refugió junto a un grupo de
federales en las tolderías del Cacique Coleta, quien los traicionó en forma
aviesa. Maza murió en la llamada "Masacre
de Chacay". En cambio Laprida adhirió a la causa unitaria y junto a
Domingo Faustino Sarmiento se enroló en las tropas que pelearon contra los
hombres del fraile Aldao en la batalla del Pilar, en Mendoza. La suerte les fue
adversa a los unitarios. Sarmiento logró escapar y al pasar a Chile, en la
pared de una choza de "El
Zonda", escribió "Las
ideas no se matan".
Narciso Laprida, en
cambio, corrió peor suerte. Algunos dicen que fue emparedado en una vieja
casona, y otros, que fue enterrado vivo por las hordas de Aldao. Desde entonces
se barajaron las versiones más terribles sobre esa tarde de "balas y polvo en el viento"
cuando los argentinos descubrimos que nos une el espanto.
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