Las divisiones que suscita dentro del episcopado el espinoso tema de los derechos humanos podían agravar la crisis interna de la Iglesia. Tal vez esto explique la estrategia ambigua que la cúpula eclesiástica adoptó finalmente: para preservar la unidad institucional, hizo públicas sus críticas al régimen únicamente cuando no ponían en peligro su relación con aquél. Tan sólo un puñado de obispos y sacerdotes hicieron suya la causa de los derechos humanos a través de su denuncia constante y de su militancia. El episcopado en su conjunto se limitó a plantear sus críticas en algunos documentos no exentos de ambigüedad y en reuniones reservadas con autoridades de las tres armas. Con éstas, se instituyó un canal semi orgánico de comunicación: la “COMISIÓN DE ENLACE” creada hacia 1977 en la cual se solicitaba información acerca de determinadas personas que se encontraban desaparecidas o, eventualmente, la liberación de algunos detenidos. En suma, la postura asumida durante estos años por la institución eclesiástica fue la resultante de una evaluación de las ventajas y desventajas que podían esperarse del gobierno de las Fuerzas Armadas. Puestos a escoger entre las seguridades que el Proceso prometía (el fin de la protesta social, el consecuente aislamiento de los sectores “progresistas” del propio campo católico y la centralidad del catolicismo como referente ideológico de la nación) y los evidentes peligros y complicaciones que de él se derivaban (la incapacidad para generar un proyecto político propio, la violación sistemática de los derechos humanos, y su impulso a políticas económicas de corte neoliberal) el cuerpo episcopal optó por las primeras. Sin embargo a partir de fines de 1978 serían cada vez más los obispos que comprenderían que el proyecto de los militares difícilmente podía coincidir con el de la Iglesia.
La brutal represión de los dos primeros años del régimen militar produjo el retroceso y la desmovilización de los sectores progresistas del campo católico. Casi todas las tareas de base fueron desarticuladas, especialmente aquellas que estaban a cargo de militantes más expuestos a la represión. Al mismo tiempo, la “Iglesia del Pueblo” sufrió el impacto de la política que llevó adelante la jerarquía católica con el objeto de restablecer la ortodoxia doctrinaria y poner fin a innovaciones litúrgicas y pastorales. El trabajo que muchos sacerdotes y laicos desarrollaban en barrios obreros, villas de emergencia, comunidades indígenas y campesinas, era seguido con desconfianza por los obispos más tradicionalistas que veían allí una subordinación de lo espiritual a lo temporal. Represión militar y disciplinamiento eclesiástico se reforzaron mutuamente y se acentuó la tendencia ya existente a vincular a católicos progresistas con el marxismo y con la subversión. La jerarquía desalentó las iniciativas de sacerdotes y cuadros laicos socialmente comprometidos después del golpe al momento que caían víctimas de la verdadera caza de brujas desatada por los militares. Al tiempo que se aislaba y controlaba a los sectores más dinámicos de la Iglesia, se privilegiaba un tipo de pastoral que apuntaba a recuperar posiciones en el terreno de las ideas y de la cultura, como así también en el plano de la moral sexual y familiar –en la cruzada que se iniciaba contra lo que muchos obispos denominaban “desacralización”. Esta opción tomada por los obispos más tradicionalistas significó, al menos durante los dos primeros años del Proceso, el predominio de lo espiritual por sobre lo temporal y se tradujo, en algunas diócesis más que en otras, en una Iglesia escasamente vinculada al resto de los actores sociales.
En el período que fue el más intenso desde el punto de vista de la represión –desde marzo de 1976 hasta fines de 1978, cuando se produjo aproximadamente el 90% de las desapariciones– los sectores “progresistas” del catolicismo optaron por replegarse, preservar, en la medida de lo posible, sus estructuras organizativas y resguardar a sus miembros más activos. En esa estrategia defensiva desempeñaron un papel fundamental un pequeño núcleo de obispos que brindaron protección institucional a muchos sacerdotes y militantes del laicado católico cuyas actividades en otras diócesis los volvía sospechosos para el régimen militar. Este núcleo episcopal estuvo compuesto por MONSEÑOR DE NEVARES, OBISPO DE NEUQUÉN, MONSEÑOR HESAYNE, OBISPO DE VIEDMA, MONSEÑOR DEVOTO, OBISPO DE GOYA Y MONSEÑOR NOVAK, OBISPO DE QUILMES, cuyas jurisdicciones diocesanas albergaron a lo largo de todo el período a numerosos sacerdotes y laicos que habían militado en la corriente posconciliar. Durante este período de respligue, las corrientes posconciliares fueron elaborando sus cuestionamientos al gobierno militar a partir de dos ejes centrales: la denuncia de la política económica del MINISTRO MARTÍNEZ DE HOZ y la defensa de los derechos humanos. La denuncia de la política económica aplicada por el gobierno militar no sólo permitía aglutinar a todos los sectores de la renovación conciliar sino en ocasiones acercar posiciones con obispos que, aunque de tendencias claramente conservadoras, observaban con preocupación el rumbo de una política económica de corte neoliberal. En sintonía con esas preocupaciones, los mismos sectores de la jerarquía comenzaron a establecer relaciones con actores sociales que sufrían las consecuencias de esta política económica, como los empresarios industriales o ciertos sectores del movimiento obrero.
Un ejemplo de este acercamiento lo constituye el apoyo prestado públicamente por el ARZOBISPO DE SANTA FE, MONSEÑOR ZAZPE, en abril de 1977 a la crítica emitida por dos nucleamientos empresariales del interior del país y su denuncia de la inflación persistente en un contexto recesivo “a pesar de los duros sacrificios impuestos y de la brusca caída de los salarios reales de los trabajadores”. Esta preocupación ante las consecuencias sociales de la política económica otros obispos la compartían, como el de La Rioja, quien en una carta dirigida precisamente a MONSEÑOR ZAZPE hacía referencia a la “alarmante cesantía de gente, que está creando un panorama muy doloroso”. También el obispo de Neuquén, quien en una carta dirigida al GENERAL DE BRIGADA JOSÉ LUIS SEXTON, a cargo de la represión en esa provincia, consideraba que la “recesión económica con su cortejo de desocupación y caída del valor adquisitivo del salario” no hacía más que contribuir al incremento de la “agitación social”. La carta del obispo de Neuquén se remitía a una idea muy difundida entre los obispos enrolados en la renovación conciliar: la necesidad por la Iglesia de adoptar un mayor compromiso en el plano social para evitar que el descontento popular se canalizara a través de las ideologías de izquierda. Pero más allá de las críticas de orden económico, fue la oposición a los métodos represivos de los militares lo que cristalizó la postura de los pocos obispos que hemos mencionado frente al gobierno militar. Y en ese terreno también existieron matices y diferencias entre las corrientes posconciliares. Por ejemplo, sólo un pequeño núcleo de obispos –MONSEÑOR ANGELELLI, MONSEÑOR DE NEVARES, MONSEÑOR HESAYNE Y MONSEÑOR NOVAK– se opuso de manera pública y sistemática a la violación de los derechos humanos por el Proceso, en tanto que otros optaron por una estrategia más moderada, basada en el diálogo con el gobierno y en la resolución de casos puntuales de detenidos desaparecidos.
Cabe notar que los cuatro obispos que se ubicaban abiertamente a favor de los derechos humanos, antes habían impulsado con entusiasmo en sus diócesis las reformas del CONCILIO VATICANO II y de la II CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, EN MEDELLÍN y ya se habían enfrentado con las Fuerzas Armadas durante los meses previos al golpe del 24 de marzo de 1976, cuando sacerdotes y laicos de distintas organizaciones del apostolado católico habían sido víctimas de unas primeras acciones represivas. A fines de 1975, alcanzó gran repercusión pública la protesta dirigida por MONSEÑOR DE NEVARES al COMANDANTE DE LA SEXTA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MONTAÑA, GENERAL BUASSO, ante el allanamiento realizado por fuerzas del ejército en un hogar escuela del interior de la provincia y la detención de un sacerdote y sus colaboradores. El obispo exigió que cesaran “las torturas físicas y morales que lamentablemente se utilizan entre nosotros”. El segundo episodio se produjo pocos días antes del golpe militar, cuando MONSEÑOR ANGELELLI decidió suspender los oficios religiosos en la capilla de la BASE AÉREA DE CHAMICAL tras un incidente que se produjo con el jefe de la base. Acontecimientos como los que acabamos de relatar permitían a los obispos más cercanos a la “Iglesia del Pueblo” anticipar las consecuencias que podía tener un golpe militar. Cuando éste se produjo, se opusieron a ello desde un primer momento. Así, en una homilía pronunciada ante el gobernador militar de Río Negro en julio de 1976, el OBISPO DE VIEDMA, MIGUEL HESAYNE no vacilaba en plantear abiertamente que “una fuerza que utilizara la tortura moral o física con la pretendida intención de informaciones de bien común se convierte, ipso facto, en la más vil de las violencias”
En octubre, el obispo de Neuquén remarcaba ya su oposición al Proceso al comunicar al PRESIDENTE VIDELA que no asistiría a los actos oficiales con motivo de su visita a dicha provincia. El mismo protagonizaría en enero de 1977 otra fuerte polémica con el GENERAL SEXTON a raíz de un operativo militar realizado en una residencia religiosa. Sobre la política represiva del régimen, estos obispos optaron por pronunciarse públicamente en sus cartas pastorales, homilías o declaraciones a la prensa. También mediante la participación personal en organismos defensores de los derechos humanos. A nivel del episcopado, la estrategia de los obispos de la corriente posconciliar fue presionar al resto de los obispos para que la Iglesia adoptara posiciones más firmes con relación a lo que estaba ocurriendo. El ámbito en que podían mejor influir sobre sus colegas era la asamblea episcopal plenaria, ya que la comisión ejecutiva y la comisión permanente del episcopado estaban ambas controladas por los conservadores y tradicionalistas juntos. Fueron estas presiones de los sectores renovadores, que además contaban con una muy buena relación con la nunciatura apostólica, las que explican los tonos más críticos que caracterizaron los documentos episcopales de mayo de 1976 y de marzo y mayo de 1977. A pesar de lo que acabamos de señalar, la estrategia de los obispos posconciliares (vale decir, fundamentalmente la de los progresistas) alcanzó resultados en definitiva limitados. Durante los primeros dos años del gobierno militar, su posición se caracterizó por su debilidad, debido a una coyuntura no sólo nacional sino también latinoamericana. Por un lado, el régimen militar atravesó entonces su fase de mayor solidez, como ya se ha señalado. Por el otro, la Iglesia católica adoptó en muchos países de América Latina una política fuertemente conservadora como respuesta a los avances conseguidos en su frente interno por tendencias progresistas, como la teología de la liberación, las que sólo a partir de 1979, con el pontificado de Juan Pablo II, comenzarían a revertirse, favoreciendo nuevamente la posición de aquellos sectores que planteaban la necesidad de devolver a la “cuestión social” un lugar de privilegio.
Otro hecho daba cuenta de la debilidad de quienes, dentro de la jerarquía católica, se oponían abiertamente a la dictadura militar: eran muy pocos, apenas cuatro o cinco sobre un total de aproximadamente setenta obispos hacia 1976. Los mismos que habían promovido en sus diócesis una pastoral popular en la línea de la opción preferencial por los pobres y habían introducido formas más democráticas de funcionamiento en su interior. Además estaban al frente de jurisdicciones eclesiásticas pequeñas, y que se encontraban alejadas de los centros de decisión política. Los obispos progresistas tuvieron que asumir su posición minoritaria en el seno del episcopado católico. Cuando fracasó su propuesta de crear un organismo que canalizara las denuncias por violaciones a los derechos humanos dentro del propio episcopado, los obispos progresistas buscaron más que todo evitar el aislamiento, vinculándose con organismos defensores de los derechos humanos activos durante los primeros años de la dictadura, como la ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS o el MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE. En estos organismos que se nutrían además de la participación de otras comunidades religiosas, la participación de sacerdotes y laicos de la Iglesia católica alcanzó niveles importantes.
Hasta aquí hemos compartido la investigación realizada por MARTÍN OBREGÓN, Docente en Historia e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ha preparado una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sus investigaciones se centran en el papel de la Iglesia católica durante el Proceso argentino (1976-1983) y más generalmente las relaciones entre catolicismo, nacionalismo y derechos humanos en la Argentina.
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